Susana Giménez está en problemas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la demandó por evasión agravada y le reclama el pago de $150 millones. El organismo asegura que la diva omitió presentar su declaración jurada de Bienes Personales del 2019 y sospecha que la maniobra tenía como objetivo final ocultar su patrimonio para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario, que aprobó el Congreso en el 2020 para morigerar los efectos de la pandemia.
Cuando recibió la noticia, la conductora enfureció y César Litving, su abogado y contador, se convirtió en su principal defensor mediático: “No hubo evasión, ocultamiento o engaño. Lo único que hay es el derecho de defensa ejercido por una contribuyente frente a un impuesto que es confiscatorio”, aseguró a NOTICIAS. Sin embargo, cuando se avanza en los detalles sobre cómo se llegó a esta situación, todo parece indicar que, tarde o temprano, la diva deberá pagar.
En el entorno de la conductora aseguran que ella se mantiene en silencio porque se trata de un tema técnico. De todas formas, deslizan hipótesis insólitas acerca de las razones de fondo de la denuncia. “Juegan con contribuyentes de la talla de Susana en esta coyuntura de crisis porque estos temas tapan un poco todo, como lo del juicio de Vialidad contra Cristina”, dicen sus allegados.
Sin embargo, aunque esas declaraciones en off the record puedan alimentar el debate mediático, la Justicia mirará los detalles técnicos. De hecho, Litving confirmó que en paralelo a la denuncia que recibió su clienta, su estudio presentó otra demanda para que se revise la constitucionalidad del impuesto a los Bienes Personales, cuya alícuota se incrementó en el 2019 por decisión del Congreso. Su objetivo es que el asunto termine en la Corte.
La denuncia
En diálogo con NOTICIAS, desde la AFIP explicaron las circunstancias por las que se llegó a esta denuncia en el fuero penal tributario. El delito por el que se acusa a la diva tiene una pena que va de 3 a 9 años de prisión (aunque, se sabe, en la Argentina ningún poderoso de la política o los medios va preso y menos por cuestiones impositivas).
Susana siempre había presentado sus declaraciones juradas de Bienes Personales y de Ganancias en tiempo y forma. Pero no lo hizo cuando se venció el plazo para las correspondientes al período 2019. Entonces, se activó el protocolo que utiliza el organismo para cualquier contribuyente: después de cinco días hábiles del primer vencimiento, le realizó una intimación acompañada de una multa. “Esa primera multa es pequeña, pero simbólica. Es para ponerte en aviso de que estás en falta”, explicaron los voceros de la AFIP.
Después de esa primera intimación se dejaron correr veinte días hábiles y, como Susana no regularizó su situación, la nueva intimación llegó con el aviso de que iba a comenzar un proceso de “fiscalización sistémica”. Con este mecanismo que consiste en cruzar datos, la AFIP realiza una estimación de los bienes del contribuyente en cuestión. “No podés cobrar el impuesto si no sabés qué bienes tiene esa persona”, agregaron.
El tiempo pasaba y, a mediados del 2020, Susana presentó la declaración jurada de Ganancias, pero no la de Bienes Personales. Esa decisión le sirvió a la AFIP para saber cuánto ganó la diva en el 2019 y así ajustar mejor la estimación hecha en base a la fiscalización sistemática. En total, la AFIP concluyó que tenía que pagar $50 millones de Bienes Personales.
En paralelo, Litving fue a la Justicia. Primero pidió una medida cautelar en un juzgado argumentando que la reforma del 2019 en la alícuota es “confiscatoria”. La Justicia la rechazó y el abogado fue a otro juzgado. La respuesta fue la misma.
Cuando la AFIP supo de estas presentaciones entendió que era hora de denunciar: “Tenía dos cautelares rechazadas y seguía negándose a pagar. El organismo comprendió que esta persona no tenía ninguna intención de pagar. ¿Por qué evasión agravada? Porque además de todos los intentos que se hicieron para cobrar, sospechamos que la no declaración de Bienes Personales tiene por objetivo ocultar su patrimonio para no pagar el Aporte Solidario”, subrayaron desde la entidad.
El monto de $150 millones es un cálculo que hizo el organismo a partir de los $50 millones de la deuda original más todas las multas correspondientes a la situación.
La defensa
Litving rechazó de manera categórica todas las acusaciones. Dijo que los rechazos de las cautelares “no fueron inesperados” y que “no inciden en el fondo de la cuestión”.
Según el abogado, la no presentación de la declaración jurada de Bienes Personales tuvo que ver con la crisis sanitaria. “Antes de que venciera el plazo, Susana se fue a vivir a Uruguay. Era el momento de la pandemia y después ella se enfermó. No se presentó en término porque no pudimos. Había restricción de actividades y era complicado hacer una declaración tan intensa como la de Susana. Cuando se enfermó no se pudo ocupar del tema con premura”, aseguró.
Para explicar que no hubo intención de ocultamiento, Litving contó: “Con la declaración jurada de Ganancias, se presentó una multinota equivalente a la declaración jurada de Bienes Personales. Es un tema técnico, pero si yo presentaba la declaración de Bienes Personales iba a tener que pagar el impuesto. Pero como yo no quería pagarlo por confiscatorio, presenté esta multinota”. Los voceros de la AFIP respondieron: “La declaración jurada de Bienes Personales es un trámite irremplazable. No se puede cambiar por una nota”.
A partir de ahora, será la Justicia la que determinará si Susana evadió o no. Para su abogado, la discusión encierra un debate tributario más profundo y por eso hizo la presentación judicial paralela. Para él, el impuesto a los Bienes Personales y, en particular, el incremento que tuvo en el 2019 es inconstitucional y significa “un avance voraz del Estado contra el bolsillo de los contribuyentes”.
De hecho, Litving contó que, en el 2020, unos 65 clientes suyos hicieron el cambio de domicilio a Uruguay como estrategia para pagar menos impuestos. “En el 2021 hubo que pagar tres impuestos: Bienes Personales, el Aporte Solidario y el Impuesto a las Ganancias. En gente que tiene patrimonios afuera de 20 millones de dólares, representó un 9 por ciento anual, y en Uruguay no tienen que pagar nada. Porque en Uruguay, con la idea de atraer gente e inversiones, por diez años no te cobran nada”, aseguró y volvió sobre el tema Giménez: “Hay gente muy emprendedora que ha construido un imperio y que, como Susana, ha generado con mucho esfuerzo y trabajo un patrimonio importante. No es ilícito que quieran cuidar su fortuna”.
Más allá de las hipótesis disparatadas que lanzan en el entorno de Susana y del gran debate tributario que quiere dar Litving, la denuncia contra la conductora es sobre hechos particulares que la Justicia deberá analizar con lupa.
