A 16 años de un nuevo aniversario de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los ’70, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo en los juicios contra los represores, con cuyo caso se inauguró la figura del ex detenido desaparecido vuelto a desaparecer. “Cuando decimos que las Fuerzas Armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”, dijo Myriam Bregman, junto con Godoy, quienes fueron abogadas de López. Por ANRed
Jorge Julio López, albañil y militante peronista, nació el 25 de noviembre de 1929 en Elordi, un pueblo de General Villegas en el noroeste bonaerense. Tenía 47 años cuando el 27 de octubre de 1976 sufrió su primera detención ilegal a manos de las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Lo trasladaron a distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del denominado “Circuito Camps”, dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Miguel Osvaldo Etchecolatz, comisario y director de la Dirección de Investigaciones de la Policía de esa provincia, fue su torturador en uno de esos centros. López fue liberado el 25 de junio de 1979.
Fue secuestrado por segunda vez a los 76 años y en democracia, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El 18 de septiembre de 2006, salió de su casa del barrio Los Hornos para escuchar los alegatos del juicio donde el día anterior había declarado contra Etchecolatz y 62 militares acusados por genocidio. Fue querellante en la causa y testigo clave. Nunca llegó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata y, desde entonces, nada se sabe de él.
Dos días más tarde, Etchecolatz fue condenado por primera vez a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad “en el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los años 1976 y 1983”.
Un largo camino de (in)justicia
Justicia Ya! La Plata rememoraron la larga lucha que se inició desde el mismo momento en que López desapareció por segunda vez, hace exactos 15 años.
Recuerdan que durante los tres primeros meses, la Jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, «desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparición forzada, la causa pasó en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Kreplak».
Pero advirtieron que «la ‘investigación’ federal solo agregó miles de fojas inconducentes: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz».
En mayo de 2014, el colectivo de DDHH realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para solicitar que se investigara la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino. El 5 de septiembre de 2017 se informó que la CIDH corría traslado de la denuncia al Estado argentino y el 16 de febrero de 2018 notificó su respuesta: «iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48(1) (f) de la Convención».
«Durante la gestión de Macri – afirmaban en ese entonces desde Justicia Ya! La Plata- aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández, la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes».
Durante todos estos largos años de impunidad, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. «Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad» enfatizaban desde Justicia Ya La Plata.
En una nota escrita por la periodista Adriana Meyer publicada en el medio El Diario Ar explica que “No hay nada” en la causa López nunca fue sinónimo de ausencia de pistas sino de resultados. Quienes recorrieron los despachos de los funcionarios judiciales durante una década y media aseguran que tenían casi todo para dar con El Viejo, pero se dedicaron a encubrir con el método de arruinar todas las líneas que tuvieran olor a uniforme, al mismo tiempo que daban despliegue a las más banales como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. Por eso Adriana Calvo definió ese proceso como “una mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento”.
Tampoco fue investigada una de las pistas mas interesantes en la causa que tenía que ver con grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, integrados por los policías del circuito represivo Camps y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios, pero terminaron condenados en 2010. López identificó a 34 de ellos. “Cuando decimos que las Fuerzas Armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”, dijo Myriam Bregman, junto con Godoy, abogadas de López.
«A 16 años nos seguimos preguntando ¿dónde esta Julio López?»
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia manifestaron mediante un documento que ambos secuestros sufridos por López «demuestran la continuidad de la represión que sufrió, la permanencia del accionar represivo del Estado a través del tiempo y de los gobiernos»
«Seguimos creyendo en la necesidad de derrotar las políticas de contra los trabajadores y mayorías populares de nuestro país y de cambiar este injusto orden capitalista, lograr una vida mejor y una sociedad justa e igualitaria. Por eso a la batalla diaria por una vida digna hoy le sumamos la reivindicación de quien sufrió en carne propia al Estado represor no una sino dos veces: Jorge Julio López. Hoy recordamos entonces a Julio López porque asumimos junto a él que la defensa de nuestras libertades y derechos es una tarea del presente» finalizaron.
