Doctora ¡Basta de interrumpir!– se hartó el camarista Martín Irurzun y reprendió a la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, que ya había hecho varios comentarios en voz bien alta mientras Juan Grabois hacía uso de minutos para exponer en la audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales. La mujer vestía una remera negra con la imagen de un león pintada en blanco que no pasaba desapercibida. Estaba sentada detrás y en diagonal a él en ese momento, en un mullido sillón verde, donde sacudía la pierna derecha cruzada sobre el tajo de su pollera larga, negra también. “Te estás excediendo”, “no faltes el respeto a los jueces”, taladraba la funcionaria al dirigente, que acababa de hacer un comentario sobre una frase de ella y sobre su cambiante historial político. “¡Militantes del hambre nunca más!”, había lanzado Gianni en su discurso ante el tribunal. “Silencio”, se volteaba Grabois ante nuevos comentarios. El tono pendenciero de la situación contrastaba con la solemnidad de los jueces y explotó al final en el pasillo en un intercambio escandaloso que se hizo viral. Gianni había llegado acompañada del abogado Ariel Romano que, curiosamente, cobra a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El griterío empezó adentro de la pequeña sala cuando se descomprimía el público que había pasado cerca de media hora apretujado. Gianni le espetó a Grabois que hablaba “en nombre de Dios en vano”. “¡Vas a tener que pedir perdón!” “Dejá de robarle a los pobres”, lo acusó la funcionaria que representa a Sandra Pettovello.
–¡La ladrona sos vos!– le devolvió él, mirándola fijo.
–¿Se te rompió un negocio?– dobló la apuesta la mujer.
–Ahora te ponés un león, antes te ponías un pingüino– insistió él.
–Al pingüino se lo comió el león tarado– siguió Gianni.
El virulento ping-pong siguió. “No sos creíble”, pechaba Grabois, y desafió al abogado de Capital Humano, Ariel Romano, que estaba con ella. “¿Y el chanchito? ¿Qué te pasa a vos?”. El exprecandidato presidencial insistía: “Sos una mierda que le saca la comida a los pobres”. “Callate la boca, dejá de robar chorro”, avanzó ella. Y en esa discusión cuasi grotesca, Grabois enumeró el currículum de la funcionaria: “kirchnerista, macrista, mileísta, no tenés credibilidad y además como abogada sos berreta”. Cuando todo parecía descontrolarse se metió una custodia de la policía de civil que acompañaba a Gianni y al tratar de apartarla, abrió sus brazos y debajo de la chaqueta se vio que llevaba un arma en la cintura. Había estado apoyada en una pared, armada, adentro la sala. “¿No sabe que eso está prohibido?”, posteó más tarde Grabois en “X”.
La audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal, en la que también escuchaban y apreciaban la escena con asombro los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, tenía una razón de ser concreta: discutir la apelación del ministerio de Sandra Pettovello, que se negó a cumplir la orden del juez Sebastián Casanello de entregarle un plan para distribuir los casi 6 millones de kilos de alimentos acopiados entre comedores y merenderos comunitarios a los que el gobierno libertario les cortó de entrada la comida y los fondos de programas alimentarios. El argumento técnico del Gobierno es que se trata de una política social y que el Poder Judicial no tiene nada que opinar.
En rigor, la primera excusa para no entregar comida, había sido que se estaban auditando los comedores. La falta de alimento fue lo que motivó la denuncia penal que presentó Grabois (Argentina Humana) contra Pettovello. En el ínterin aparecieron la mercadería guardada, lo que incluía 339.867 kilos de leche en polvo que vence en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas que ya vencieron en febrero último.
Un dato relevante: el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, respaldó la posición de la fiscala Paloma Ochoa en reclamo del reparto de los alimentos y de la competencia del fuero penal federal y la decisión de Casanello, pese a la ofensiva mediática fogoneada por el oficialismo que habla de “justicia militante”. “La decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener”, afirmó el fiscal de cámara. Eso, agregó, no quiere decir “que el magistrado haya delineado una política pública, aún cuando dicha política podría ser sometida a consideración judicial. El doctor Casanello se mantuvo dentro de las facultades jurisdiccionales”, agregó. El tribunal resolvería este jueves.
“De por medio –señaló Agüero Iturbe– se encuentra el derecho alimentario de jerarquía indiscutible”. “Lo que advierto es que no se alcanza a comprender que no estamos sustanciando ninguna litis sobre el marco de planes Nacionales de Seguridad Alimentaria. Aquí se investigan delitos, uno de cuyos efectos o consecuencias se intentan paliar con la cautelar…”, agregó. Se busca “evitar consolidar los efectos del delito y satisfacer un derecho humano”, advirtió.
Revelaciones y faltantes
Las exposiciones tuvieron más contenido político que jurídico. Pero dejaron algunas “novedades”. Gianni insistió con el discurso de que buena parte de los productos que están en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo fueron comprados por el gobierno anterior y que cuando Pettovello “tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer” ordenó “la pronta” entrega. Luego repitió lo que ya habían dicho en un comunicado pero no ante el juzgado: que firmaron un convenio con la Fundación Conin, del antiderechos Abel Albino y “en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional 450.000 kilos de leche en polvo están siendo distribuidos”. “El resto de los alimentos –anunció– se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencia”.
Es decir, la cartera de Pettovello no tiene ninguna intención de repartir el resto de los alimentos entre los comedores de las organizaciones sociales. “Capital Humano vino a romper un paradigma. Basta de militantes del hambre, militantes del hambre nunca más, que hicieron negocios enormes con estos alimentos y los utilizaron como elemento de coacción…”, se cebó e invocó con provocación el “nunca más” que en este país representa la lucha contra el terrorismo de Estado.
“Nosotros estamos contentos de que se entregue (la leche) pero el juez no les pidió eso, les pidió un plan de entrega de todos los alimentos, muchos de los cuales se están venciendo”, se envalentonó Grabois cuando llegó su turno. “Cuando ellos entraron en desobediencia (Capital Humano), nosotros no los denunciamos, el juez Casanello allanó ¿Y saben lo que encontró? Faltantes. ¿No serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo además de los rugbiers que pagaban en dólares a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) ¿No será que lo habrán sacado para ocultar un delito?”, preguntó. No solo aludía a los contratos que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia suscribió con la OEI, y que se habrían utilizado para pagar sobresueldos, a gente sin nombramiento y para comprar dólares (gracias a la facturación de personas sin relación con el ministerio). También se refería a un informe de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal incorporado a la causa sobre lo que relevó en el galpón de Villa Martelli, y faltan cosas.
Algunos datos claves del informe policial, al que accedió este diario:
*”Faltarían unas 5 unidades de arroz y hortalizas de la marca La Terre y 32 unidades de arvejas Doroteo”. El arroz venció en febrero.
*Hay un faltante de 8 leches en polvo marca Manfrey y un sobrante de 11.600 en la marca Vidalac compensando un faltante de la marca Franz”.
*”Faltan los lotes 126, 127, 128,161,162,163, 257, 258, y 259 que pertenecerían a lentejas marca La Criolla, dichos lotes tienen un aproximado de 17 unidades”.
*”Respecto de lote 22896 Locro Marca sabores del Valle hay un faltante de 1316 unidades, del lote 101123MEMO se encuentran 36 unidades faltando un total de 600 unidades aproximadamente”.
*”El lote 103 de Yerba Mate Sierras del Imán no pudo ser visualizado”.
*Faltan botellas de aceite de Girasol de la marca Costa del Sol. Capital Humano Había informado 460.290 unidades. Pero el lote señalado corresponde a otra marca, Alasmar, con 25.350 unidades. Así, el total e unidades de aceite Costa del Sol sería 434.940.
El reporte dice, además: “con la documentación presentada NO se puede identificar el destino de los alimentos”; “no hay información mediante la cual se puede identificar dicho destino”.
Más de la audiencia
La abogada Gianni –que en el Colegio Público de abogados figura como “no habilitada”– intentó arrancar con un discurso contra el gobierno anterior: “no solucionó la pobreza”, “generó clientelismo político”. “Limítese a la apelación”, le dijo Irurzun que presidía el encuentro. Luego cargó contra el juez Casanello, pese a que ya lo había hecho por escrito. Lo acusó de actuar “arbitrariamente e ilegítimamente”. “No vamos a permitir que ningún juez de la nación y menos un juez con competencia penal nos diga a nosotros como administrar una política pública, se ha excedido, violó la división de poderes”.
Apenas pudo intervenir el otro abogado, Romano, para decir que la competencia es del fuero contencioso. Gianni se volvió a meter: “Acá no hay ningún delito, el Ministerio de Capital Humano está asistiendo permanentemente a los sectores más vulnerables”. Volvió a mezclar: “Tenemos fiscales militantes que buscan la existencia de un delito, son afines a las organizaciones sociales”.
Los expositores hablaban de espaldas al publico, cara a cara con los jueces. Grabois les dijo: “Yo sé que es difícil enfrentarse a un Estado que está patoteando al Poder Judicial, espero que Dios los ilumine para tomar una decisión de acuerdo al derecho y la justicia”.
¿Qué argumentó? “Acá hay delito penal, lo reconoce el propio ministerio”. Se refería al comunicado que la cartera de la semana pasada donde decía “que había decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente del stock y el vencimiento de la mercadería”. El primer funcionario echado fue Pablo de la Torre, el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la política alimentaria. Le endilgaron ocultar la comida por vencerse. Voló también su equipo. La denuncia penal y ante la Oficina Anticorrupción no es por esto sino por las contrataciones sospechosas con la OEI.
Grabois, con una cruz pegada al pecho, agradeció haber hecho la denuncia “si no 400 mil cajas de leche en polvo se hubiesen vencido, 4 millones de leche no se hubiesen entregado…”. “Yo no soy ningún militante del hambre”, se defendió y aludió a Gianni. Ella se quiso meter. “Silencio”, protestó el dirigente. “¿Vale meterse?”, preguntó al tribunal. Recordó que “la indigencia se duplicó durante este gobierno y además de duplicarse en términos reales, porque la señora no sabe contar la inflación, se bajó el 42 % el presupuesto de comedores alimentarios”. Enumeró mentiras del gobierno sobre los alimentos y dijo que Conin es tan intermediario (lo que el oficialismo rechaza) como cualquier organización pero quizá ideológicamente afín al gobierno. En el cierre, el abogado Nicolás Rechanik citó a Winston Churchill, “el verdadero prócer –describió– del liberalismo”: “En el campo de los conflictos humanos nunca tantos le debieron tanto a tan pocos”.
