A través del noveno Acuerdo Extraordinario, los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Corrientes formalizaron el anteproyecto de Presupuesto para 2025 y las proyecciones de cara a 2026 y 2027. El pedido representa un aumento superior al 116% en relación con la propuesta presentada el año pasado.
El expediente tomará estado parlamentario hoy en la Cámara de Diputados de Corrientes. Y, como es habitual, el máximo tribunal envía los números que proyecta para el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para el año entrante, con proyecciones para los dos subsiguientes. Realizan este procedimiento antes del ingreso formal del Presupuesto General de la Provincia. En resumen, el STJ y la Fiscalía General de la Provincia solicitan $200.194.330.482.
Esta cifra es aproximadamente un 116% superior al anteproyecto que presentaron los ministros el año pasado para el ejercicio vigente. Entonces pedían $92.631.953.599. No obstante, la Legislatura aprobó un número menor. Sin embargo, debido a la inflación galopante, paulatinamente el Ejecutivo liberó partidas para afrontar la faltante, superando los $90.069 millones.
Las autoridades judiciales advirtieron que los más de $156.619 millones establecidos como recursos para el año entrante constituyen un “techo financiero” que solo alcanzará para el “cumplimiento del 80% de las metas y objetivos trazados”. Por ello aprobaron un nuevo anteproyecto plurianual que para 2026 contempla fondos por más de $223.416 millones y para 2027 más de $239.949 millones. Los fondos para la Justicia serán tema de análisis al momento de ingresar el Presupuesto de la Provincial.
Para el año entrante, se prevé una planta de 4.090 cargos permanentes y temporarios. Los gastos de personal representan aproximadamente el 74% del total del presupuesto preliminar de 2025.
Desde el STJ y el Ministerio Público Fiscal señalan que el proyecto se realizó teniendo en cuenta las metas y objetivos en relación con varias políticas de Estado que se vinculan a propuestas que comparten con el Ejecutivo Provincial. Estas son, por ejemplo, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que instaura la oralidad de los procesos penales y la reorganización del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Fiscal.
También, contemplan los nuevos códigos procesales en material civil y de Familia, Niñez y Adolescencia, incluyendo la oralidad de los procesos civiles. Otro aspecto no menor es la implementación de tres dependencias judiciales y 32 dependencias del Ministerio Público.
Los ministros aseguran que se necesita de “un ambicioso plan de obras públicas de 15.159 metros cuadrados” que contemplan la implementación de los nuevos códigos procesales. Esto incluye la construcción de nuevos edificios y la refuncionalización de los existentes.
Refuerzos
Los ministros solicitan el refuerzo de personal donde se presentan déficits y la inclusión de personas con discapacidad, la profesionalización de la gestión administrativa y jurisdiccional; como así, la incorporación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) y la eliminación del expediente papel que requiere de la consolidación de la grabación de audiencias y la digitalización del Archivo General.
