Mediante la Disposición 34/2024, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, el Gobierno oficializó anunció el llamado a licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, en un esquema que volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía.
Dicha licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.
En la Disposición se detalla que “el subsecretario de Puertos y Vías Navegables dispone llamar a licitación pública nacional e internacional N° 1/2024 por el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.
El anuncio se realizó este martes con la presencia de los principales representantes del sector privado y productivo. Allí, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, adelantó que los pliegos contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.
Entre otras medidas, se sumarán bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. Además, se renovará totalmente la señalización —generando una navegación más segura—, y se aumentarán las medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El futuro concesionario, que pondrá fin a la estatización provisoria de la Vía Navegable Troncal, deberá cumplir el plan de obras establecido en los pliegos de la licitación y el nuevo contrato, que determina las etapas de obras prioritarias que se deberán realizar en los primeros cinco años de la concesión.
Según se especifica en el modelo de contrato, se trata de una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas. Además, habrá fuertes exigencias que garanticen la trayectoria y capacidad técnica de las empresas que se presenten, así como su solvencia financiera.
