En las próximas horas se terminará por dilucidar si, como pareciera, Javier Milei se convierte en el primer jefe de Estado en prorrogar por segundo año consecutivo un presupuesto, una situación inédita que llevó incluso a algunos asesores parlamentarios a estudiar técnicamente una posible judicialización del tema, algo al final descartado.
Anoche, en el sprint final del período de sesiones ordinarias del Congreso, entre los gobernadores supuestamente aliados del Ejecutivo reinaba la amarga insatisfacción de no haber tenido en estos días ninguna respuesta al listado de pedidos -cinco reclamos del PRO y la UCR- económicos y financieros para el 2025, justo en un grupo de jefes provinciales que, hasta ahora, acompañó en términos legislativos y a nivel general casi todas las iniciativas planteadas por el Ejecutivo. “Estamos sin presupuesto, quizá en extraordinarias, pero no sé”, aseguró ayer bien tarde un gobernador que responde a Mauricio Macri. En simultáneo, José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, confirmó lo que había circulado durante todo el día en despachos oficiales: que no estaba en el ánimo de la Casa Rosada incluir al Presupuesto 2025 en un posible llamado a sesiones por fuera del período ordinario.
Es decir, revalidó la información con la que el Gobierno había coqueteado durante todas estas semanas: la comodidad frente a la posible prórroga -la segunda- del presupuesto del 2023 con la que, según el Ejecutivo, tendría más discrecionalidad en favor de los aliados y en desmedro de los gobernadores más combativos. Una herramienta que, a la luz de este primer año de gestión, a los jefes provinciales más colaborativos no le dio resultado. Fue repetida la consigna de varios de ellos durante todo el año: en términos económico-financieros, los trataron “igual que a Axel Kicillof”.
El Gobierno intenta convencerlos por estas horas de que, bajo las mismas condiciones presupuestarias, hacia adelante sería al revés.
Para Milei no se trata solo de una cuestión vinculada con el equilibrio fiscal que presentó en el proyecto enviado al Congreso y que Luis “Toto” Caputo defendió con ferocidad con la seguidilla de negativas a todos y cada uno de los reclamos presupuestarios de los gobernadores -anoche, los mandatarios perdían esperanzas de ser recibidos por el oficialismo-. Implica, además, un nuevo foco de tensión, uno más, del Ejecutivo con sus aliados. En especial con el PRO, que se encamina a terminar el año con escasísimos gestos por parte de La Libertad Avanza, a pesar del apoyo irrestricto del macrismo en el Parlamento. Mauricio Macri está cansado. También Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados, el delegado del ex presidente en las negociaciones con el Gobierno que, de todos modos, intenta obtener, en simultáneo, algún rédito político para su cosecha personal y su proyecto bonaerense con múltiples ramificaciones.
Las próximas horas serán, en ese sentido, reveladoras, con una maratón de sesiones que, según el éxito opositor de algunas de ellas, podrían impactar de manera directa en la decisión del Gobierno en torno al Presupuesto.
En particular la sesión especial convocada por el kirchnerismo, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto y la bancada de los radicales de Democracia para Siempre, que se escindieron de la UCR de Rodrigo de Loredo por su cercanía con el Gobierno, para intentar rechazar el DNU 846 de canje de deuda. Se trata de una normativa que es fundamental para el programa económico y financiero de “Toto” Caputo, y permitiría exigirle al Ejecutivo la prórroga del período ordinario para negociar en diciembre el presupuesto.
Se trata de un método de presión de un sector de la oposición y un grupo de Gobernadores que trascendió en estas horas y que podía llegar a incluir a los jefes provinciales del PRO. Sin embargo, uno de ellos resaltó que, más allá de su disgusto con la Casa Rosada, no veían con buenos ojos acompañar esa movida en caso de que la convocatoria tenga quorum para forzar a Milei a abrir la discusión presupuestaria.
Ayer, en despachos oficiales trascendió, por el contrario, que se avanzaba con la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias a partir de la semana próxima, pero con la inclusión eventual de dos temas que Milei introdujo en la discusión parlamentaria en estos meses y semanas, y que no fueron bien recibidos por el PRO: la reforma política y la eliminación de las PASO, y los pliegos de los dos jueces nominados por la Casa Rosada para la Corte Suprema de Justicia.
Anoche, la ejecución de ese temario era todavía motivo de análisis entre los operadores políticos del gobierno.
De confirmarse, se trataría de un nuevo mensaje de autonomía política de Milei frente a las exigencias del PRO de Macri, que no tiene una posición consensuada en torno a la supuesta eliminación de las primarias y que ya planteó sus discrepancias con las postulaciones de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla para la Corte.
El ex presidente analiza además, con creciente amargura, que hay canales subterráneos en los que existen negociaciones entre la Casa Rosada y el kirchnerismo en torno a una agenda judicial que incluye esos pliegos, más allá del trabajo minucioso que el juez federal de la Ciudad realizó en estos meses en pos de su postulación, en buena medida con un grupo de gobernadores que piensa exactamente al revés de Macri sobre la nominación por parte de Milei.
En ese contexto, el gobierno quedó mucho más cerca de llevar el pliego de Lijo al recinto del Senado cuando se conoció que Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, muy cercana a Cristina Kirchner, se había inclinado en estos días en favor del magistrado en la comisión de Acuerdos. Ayer por la tarde, fuentes de esa comisión le explicaron a este medio que Corpacci ya había manifestado puertas adentro su intención de convalidar la postulación del juez desde que se envió el pliego, pero que el dictamen todavía giraba por la comisión. Hasta última hora de ayer, Tagliaferri aún no lo había recibido con las nueve firmas necesarias, como trascendió, para ser llevado al recinto.
Pero los movimientos de las últimas horas mostraron un avance en las negociaciones entre la Casa Rosada y el bloque K en el Senado, compuesto por 33 miembros y supervisado por la ex presidenta, a contrarreloj, aun cuando en el caso de García-Mansilla admitieron desde el propio oficialismo que está más lejos de lograr consenso: le restarían, según las fuentes, “entre tres y cinco firmas”.
La semana pasada, el propio Santiago Caputo, el asesor más decisivo del Ejecutivo, a cargo del tema, le reconoció a algunos senadores de la comisión de Acuerdos con los que trabó una relación y dialoga con fluidez, la intención del Ejecutivo de avanzar lo más rápido con esas nominaciones. Sebastián Amerio, su delegado en el Ministerio de Justicia, ultima en paralelo con gobernadores y senadores el envío de los pliegos para ocupar cientos de vacantes. Caputo se sinceró, por el contrario, en que no es una prioridad para Milei la aprobación del Presupuesto 2025.
Es exactamente lo opuesto a la agenda planteada por el PRO de Macri, que también vislumbra algún tipo de acuerdo implícito entre el Gobierno y el kirchnerismo en torno al proyecto de Ficha Limpia con el que el macrismo insistirá este jueves en Diputados con la convocatoria a otra sesión especial, la cuarta de la última semana del período ordinario -Martín Tetaz pidió para hoy debatir también la ley de asociaciones sindicales, y el miércoles hay un requerimiento para tratar la ludopatía y las apuestas online-.
Ayer, desde el oficialismo dejaron trascender que van a acompañar el quorum, pero aclararon que se trata de una iniciativa macrista. La semana pasada, el bloque del PRO ya había fracasado en el intento, y dejó ventilar por lo bajo que LLA no había trabajado con la intensidad de otros proyectos. El domingo, de hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó una frase sugestiva: “No es bueno que se piense que es para proscribir a Cristina Kirchner, estoy de acuerdo con la sustancia, no con la circunstancia”, dijo en medio de las conjeturas alrededor de la posible candidatura, o no, de la ex presidenta para el próximo año, condenada por la cámara de Casación por la causa conocida como “Vialidad”, e imposibilitada de por vida por esa instancia judicial para el ejercicio de la función pública, una resolución que deberá resolver de ahora en más la Corte.
Macri desconfía de Milei, y en particular de su “triángulo de hierro”, mucho más de lo que trasciende. Los acuerdos trabados este año en el Parlamento no alcanzaron para desnudar la tensión entre ambos sectores, de cara al calendario legislativo del 2025 y una eventual alianza que todavía sigue sin materializarse y que al ex presidente le inquieta por la posibilidad de quedar absorbido por una hegemonía libertaria y por el futuro de la ciudad de Buenos Aires, bajo la administración formal de Jorge Macri.
