En lo que va de la gestión de Javier Milei, el empleo asalariado privado cayó un 3% y, en contraste, el monotributo aumentó un 7,8 por ciento. Estos datos expusieron los dilemas que enfrenta el mercado laboral y si bien la revisión del Régimen de Pequeños Contribuyentes formó parte de los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a las versiones de una eliminación a fines del 2025, el presidente Javier Milei rechazó categóricamente esa posibilidad.
La consultora EconViews reportó que el mercado laboral formal experimentó cambios importantes en lo que va de gestión libertaria. En base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destacaron que asalariados privados pasaron de 6.386.000 a 6.196.000, lo que implicó una reducción de 190.000 puestos (-3%). En el sector público, la pérdida fue levemente menor, de 111.000 puestos, y en casas particulares la baja fue de 22.000.
El contraste está en que en ese mismo lapso, los trabajadores autónomos sumaron 10.000 personas y los monotributistas 158.000, lo que significó un salto del 7,8% al pasar de 2.038.000 a 2.196.000. Por su parte, el monotributo social registró la mayor baja, con 385.000 inscriptos menos y una caída de 60,7 por ciento. El empleo total registrado, considerando todas las modalidades, descendió de 13.393.000 a 12.853.000, una baja del 4 por ciento. Si se excluye el monotributo social, la disminución fue de 1,2 por ciento.
El informe de EconViews remarcó que “la caída de los asalariados privados (-190.000) y públicos (-111.000) es parcialmente compensada por el incremento de los monotributistas y autónomos (158.000 y 10.000 respectivamente)”. Así, el ajuste en los sectores tradicionales coincidió con una migración hacia esquemas independientes y flexibles que alteraron la composición del empleo formal en la Argentina. Aunque en términos totales, hay 133.000 asalariados que habrían quedado afuera del sistema formal si se lo toma como un traspaso directo.
Los datos, al ser hasta marzo, sirven como anticipo del índice de desempleo. Los últimos datos oficiales son hasta diciembre de 2025, en donde se registró un incremento de la tasa de desocupación que llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo período del año anterior.
El pedido del FMI
En la primera revisión del programa con la Argentina, el FMI solicitó al Gobierno analizar el funcionamiento del monotributo, el régimen que permite la formalización de pequeños contribuyentes y trabajadores independientes. Las versiones sobre una posible eliminación del régimen se acrecentaron en noviembre del año pasado, lo que derivó en preocupaciones y reclamos de distintos sectores. Ante estos rumores, fue el presidente Javier Milei quien lo desmintió de forma categórica. Por el momento, su eliminación o modificación no parece estar en la agenda oficial.
Uno de los pilares del acuerdo que alcanzó la administración libertaria con el organismo multilateral en abril de 2015 era “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras, reemplazándolos por impuestos directos más simples y mejor administrados sobre los hogares y las empresas”.
“Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”, reza el reporte del Fondo que se dio a conocer hace un año.
Además, el documento del prestamista de última instancia sostenía que “el impuesto a las sociedades necesita una simplificación sustancial, considerando la posibilidad de establecer tasas legales más bajas, pero también de simplificar deducciones, exenciones y el abuso en la transferencia de beneficios. En particular, debe reducirse el gasto tributario (estimado en 3,5 por ciento del PIB), que solo beneficia a ciertos grupos o regiones”.
A nivel de las provincias, la entidad encabezada por Kristalina Georgieva manifestó que los tributos provinciales “distorsivos deberían eliminarse gradualmente y se debería poner un mayor énfasis en mejorar la valuación de los bienes inmuebles y activos de tierras (incluidos los grandes productores agropecuarios), entre otras cosas, fortaleciendo los registros de activos existentes”.
Siguiendo esa línea argumental, el reporte del Fondo consideró que “en todos los niveles, será esencial simplificar el sistema (eliminando impuestos que no recaudan mucho), junto con mejoras en la administración tributaria y aduanera, mediante la modernización de los sistemas de información, una mejor coordinación y la adopción de planes de mejora del cumplimiento basados en el riesgo”.
