La iniciativa fue presentada por los diputados César Lezcano, Sara Aparicio y Adriana Vidal Domínguez, quienes plantean utilizar al Banco de Corrientes como principal instrumento financiero para consolidar deudas provenientes de tarjetas de crédito, préstamos y créditos de consumo, con menores costos financieros, plazos más extensos y cuotas acordes con los ingresos de cada hogar.
De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina de junio de 2026, Corrientes registra 437.777 deudores únicos, una cifra equivalente a casi el 40% de la población provincial. Además, 132.850 personas se encuentran en situación de mora, lo que representa más del 11% de los correntinos.
El proyecto señala que hay 107,7% de deudores únicos por cada vivienda, mientras que los deudores en mora representan el 32,7% respecto del total de viviendas. En términos de desempeño crediticio, el 19,38% de los deudores correntinos presenta mora, lo que ubica a la provincia segunda en el NEA con mayor incumplimiento y novena a nivel nacional.
Ante este panorama, los legisladores proponen un esquema de “alivio del sobreendeudamiento” destinado a quienes destinan el 40% o más de sus ingresos mensuales netos al pago de compromisos financieros. La propuesta no contempla la condonación de las obligaciones, sino su reestructuración para hacer posible su cumplimiento sin comprometer los recursos necesarios para sostener el hogar.
El programa alcanzaría a trabajadores públicos y privados, jubilados y pensionados, monotributistas, autónomos, comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes que acrediten ingresos en el Banco de Corrientes. También contempla mecanismos de inclusión financiera para personas no bancarizadas que mantienen deudas con billeteras virtuales o casas de préstamos.
La iniciativa establece prioridades para los sectores más vulnerables. Entre ellos figuran hogares monoparentales, mujeres que sean principales sostenes económicos, familias con niños y adolescentes escolarizados, personas mayores o con discapacidad a cargo y personas de menores ingresos.
También se incluye a pequeños productores y emprendedores, además de familias que hayan contraído deudas para afrontar gastos de alimentación, medicamentos, salud, educación, alquiler o servicios esenciales.
Una vez consolidada la deuda, la propuesta prevé que pueda ser refinanciada en 36, 48 o 60 meses, con el objetivo de reducir la carga mensual y adecuar el pago a la capacidad económica de cada familia.
Uno de los puntos centrales es la creación de la denominada “Cuota Familiar Protegida”, bajo el principio de que el pago de las obligaciones financieras no debe impedir que los hogares puedan cubrir alimentación, vivienda o alquiler, servicios básicos, salud, educación y otras necesidades esenciales.
