El reciente procesamiento dictado por la jueza federal María Servini contra la exdiptuada nacional Ingrid Jetter y que alcanza tambien a su hermano Martín marca el colapso de un modelo político basado en el sometimiento.
Esta contundente resolución judicial no es una casualidad de calendario: es el corolario directo de una investigación y un seguimiento sostenido en el tiempo por Diario 1588, el medio que en julio de 2021 destapó el escándalo nacional bajo el título original “Jetter zarandeada por medios porteños por quita salarial”, y “Investigan a Jetter y Regidor”, desnudando una matriz sistemática de corrupción institucionalizada en la provincia de Corrientes.
La causa penal expuso la repudiable metodología del “retorno salarial” compulsivo. Andrea Cappa Piazza, exsecretaria de Jetter, denunció ante la Justicia que la referente del PRO la obligaba a entregarle hasta el 75% de sus haberes bajo la explícita amenaza de ser despedida de la Cámara de Diputados. La maniobra criminal imitaba calcadamente la de la radical Estela Regidor, acusada por audios viralizados de sustraer el 50% a sus propios colaboradores.
Con el avance de las pruebas solicitadas en su momento al entonces presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, el fiscal Ramiro González y la jueza Servini lograron cerrar el cerco sobre una red de desvíos financieros destinados a financiar de forma espuria a punteros políticos.
El procesamiento arrastra en el mismo barro a Martín Jetter, socio político ineludible con quien manejó las riendas del municipio de Riachuelo por casi treinta años como si fuera una estancia privada. Sin embargo, la impunidad del clan familiar también salpica los altos cargos que Ingrid Jetter ostentó a nivel nacional y provincial bajo el amparo de su fuerte vinculación con Patricia Bullrich.
Fue justamente Bullrich quien operó de manera directa ante el Gobierno de Corrientes para asegurarle el cargo de Subsecretaria de Seguridad de la provincia, gestión que la sociedad correntina ve un espacio sin respuestas en la seguridad local.
Esa llamativa inacción burocrática se replicó con idéntica matriz cuando Ingrid Jetter ocupó la presidencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). En dicho organismo internacional, la dirigente del PRO tenía bajo su responsabilidad inmediata la toma de decisiones estratégicas para la región, entre ellas el avance del largamente postergado puente internacional Bella Unión – Monte Caseros; una obra clave para la integración fronteriza que quedó paralizada y sumergida en la nada.
El prontuario judicial de la exlegisladora se completa con su imputación previa en la justicia local por la tragedia vial del arroyo Guazú en 2017, donde un ciudadano murió tras caer al vacío por el derrumbe de un puente que Vialidad Nacional —bajo su delegación regional— nunca reparó a tiempo, y donde la culpabilidad de muchos o de pocos se cerro con un extraño sobreseimiento de la justicia provincial.
Hoy, el trabajo incisivo de Diario 1588 se transforma en un acto de justicia frente a quienes confundieron el Estado con una caja de ahorros personal..
