En el programa radial “Conta Conmigo”, Javier Enrique, referente del turismo de pesca en Goya y creador del Campamento de la Amistad, expuso su preocupación por la implementación de una doble licencia obligatoria para pescar en la zona de la Reserva Isoró, medida que —según sostuvo— impacta directamente en la competitividad del destino y en la sostenibilidad de los emprendimientos locales.
Enrique, guía de pesca desde 1998, relató que el Campamento de la Amistad nació hace 11 años como un proyecto familiar que comenzó con carpas y fue creciendo con esfuerzo e inversión constante hasta convertirse en un complejo que brinda alojamiento, gastronomía y servicios en plena isla, a pocos minutos de los principales pesqueros. Aunque evita definirlo estrictamente como “lodge”, explicó que el servicio que ofrece se ajusta técnicamente a esa categoría, ya que integra traslado, hospedaje, comidas y salidas de pesca en el mismo lugar donde se desarrolla la actividad.
El emprendimiento implicó importantes desafíos logísticos y económicos: construcción en zona insular, traslado de materiales durante días en embarcaciones pequeñas, instalación de generadores eléctricos de gran porte, provisión de agua potable y generación de energía propia. “Todo lo que logré trabajando está puesto en la isla”, afirmó, al señalar que no posee otras inversiones inmobiliarias y que su capital está íntegramente destinado al proyecto.
Además, destacó el impacto social del campamento, que emplea de manera directa a entre 10 y 15 personas —en su mayoría habitantes de la isla— y genera otros 20 a 25 puestos indirectos vinculados a mecánicos, proveedores, servicios de lavandería y mantenimiento. También contó que incorporó como guías y colaboradores a trabajadores que quedaron sin empleo en otros sectores, subrayando el rol del turismo como generador de oportunidades en un contexto económico complejo.
El eje central del reclamo es la exigencia de contar con dos licencias para pescar: una emitida por Recursos Naturales y otra específica para la Reserva Isoró, administrada por la Dirección de Parques y Reservas. Según explicó, para un turista extranjero el costo conjunto ronda los 96 mil pesos por tres días de pesca, mientras que para un pescador argentino asciende a aproximadamente 60 mil pesos.
“Dejamos de ser competitivos”, sostuvo Enrique, al comparar la situación con la ciudad de Esquina, a la que considera el principal competidor regional. Afirmó que el incremento de costos desalienta especialmente al turismo brasileño, mercado en el que trabajó durante años promoviendo a Goya como destino. “Queremos trabajar y seguir creciendo, no pagar por un error que no fue nuestro”, expresó.
El empresario aclaró que no cuestiona la necesidad de controles ni el pago de licencias, y que comparte el objetivo de proteger el recurso ictícola. En ese sentido, reconoció la importancia histórica de preservar el Arroyo Isoró como área clave para la reproducción y crianza de especies que luego migran al río Paraná. Sin embargo, señaló que la actual normativa presenta falencias y que la aplicación simultánea de ambas licencias afecta directamente la rentabilidad de los prestadores turísticos.
En la entrevista también se repasó el origen del proceso que culminó en la creación de la Reserva Isoró, vinculándolo con iniciativas de conservación que comenzaron a discutirse a principios de los años 2000, en paralelo con el desarrollo de áreas protegidas como Iberá. Se recordó que la intención inicial fue proteger específicamente el arroyo y su ecosistema, considerado estratégico para la pesca deportiva en la capital nacional del surubí.
Desde su rol como guardaparque, uno de los participantes informó que se encuentra vigente la disposición 110/25 y 01/26 de la Dirección de Parques y Reservas, que regula la actividad de pesca dentro del área protegida y establece la obligatoriedad de una licencia específica para operar en ese sector. Se indicó que los pescadores y prestadores deben gestionar el permiso en las oficinas habilitadas en Goya y Esquina, y que la medida ya fue comunicada al sector.
El debate dejó en claro que no está en discusión la necesidad de una licencia especial dentro del área protegida, sino el impacto económico que genera su aplicación conjunta con la licencia general. Los prestadores reclaman una revisión que permita mantener el equilibrio entre conservación ambiental y desarrollo turístico.
“Queremos ser competitivos, generar más trabajo y que la reserva sea más conocida”, concluyó Enrique, al solicitar la intervención del Ministerio de Turismo provincial para abrir una instancia de diálogo que permita corregir lo que consideran una desventaja para el destino Goya.
Fuentes : Multiplataformas Bitácora
