El Gobierno promulgó hoy una reforma laboral que establece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que transforma la dinámica del pago de indemnizaciones en el ámbito privado. Este mecanismo, que ya rige, introduce un sistema de aportes mensuales y cuentas individuales para respaldar a los empleadores ante eventuales desvinculaciones, y modifica la fórmula de cálculo de las indemnizaciones.
El nuevo esquema representa un cambio estructural en la forma de financiar las extinciones laborales. El FAL pasa a ser un sistema de capitalización que busca reemplazar el pago directo y contingente al momento del despido por un mecanismo acumulativo, sostenido con pagos mensuales. Cada empleador debe abrir una cuenta individual en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El saldo de esa cuenta resulta inembargable y queda separado del resto del patrimonio de la firma.
La administración de los fondos queda en manos de entidades privadas habilitadas, sin responsabilidad del Estado Nacional sobre la disponibilidad o suficiencia de los recursos. El saldo acumulado solo puede utilizarse para cubrir obligaciones surgidas de la finalización del vínculo, como parte de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley del Régimen de Trabajo Agrario.
El FAL no funciona como un seguro de desempleo tradicional. Su uso se restringe a situaciones específicas:
- Indemnización por despido sin justa causa.
- Acuerdos de desvinculación por mutuo consentimiento.
- Fallecimiento del trabajador.
En caso de renuncia o jubilación, la Secretaría de Trabajo aclaró que los fondos no se pierden ni son transferidos al trabajador, sino que permanecen disponibles en el fondo común de la empresa para cubrir futuras contingencias de otros empleados.
El financiamiento del FAL recae exclusivamente en los empleadores, quienes deben realizar contribuciones mensuales obligatorias. El porcentaje varía según el tamaño de la empresa:
- Grandes empresas: 1% del salario bruto de cada trabajador.
- Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs): 2,5% sobre la misma base.
El Poder Ejecutivo tiene la facultad de aumentar esas alícuotas, previa aprobación del Congreso, hasta el 1,5% para grandes firmas y hasta el 3% para MiPyMEs. El fondo también puede recibir aportes voluntarios, donaciones y los rendimientos de inversiones realizadas por las entidades administradoras.
Los recursos acumulados en este sistema quedan exentos de Impuesto a las Ganancias y no pagan IVA, salvo por las comisiones que se cobren por la gestión administrativa del fondo.
Para que un trabajador acceda a la cobertura del FAL, debe estar debidamente registrado y contar con al menos doce meses de antigüedad. Quedan excluidos los trabajadores no registrados y quienes pertenezcan a sectores con regímenes de despido específicos, como la construcción o el servicio doméstico.
El uso del fondo exige un período de carencia: solo puede aplicarse para extinciones laborales cuando el empleador haya realizado seis contribuciones mensuales consecutivas. El Poder Ejecutivo puede extender este plazo en sectores específicos, conforme a la coyuntura económica.
Ante una desvinculación, el empleador debe presentar una declaración jurada ante la entidad administradora, con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente. La entidad verifica el cumplimiento de los requisitos legales y, una vez aprobada la operación, debe transferir el monto al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La responsabilidad final por el pago de la indemnización sigue a cargo del empleador. Si el saldo acumulado resulta insuficiente para cubrir la deuda laboral, la empresa debe abonar la diferencia con fondos propios. El trabajador conserva el derecho a iniciar acciones judiciales si considera que el pago no cubre la totalidad de sus créditos laborales.
Existe una cláusula de alivio para los empleadores que logren demostrar que el saldo de su cuenta cubre todas sus contingencias potenciales: pueden solicitar la suspensión de las contribuciones mensuales obligatorias.
La reforma también introduce una nueva fórmula para el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa. El monto se determina únicamente sobre la base de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador. Quedan excluidos todos los conceptos que no sean de frecuencia mensual, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los proporcionales de vacaciones. El texto legal indica que la cifra calculada de esta manera representa la única y total reparación por la ruptura del vínculo, dejando fuera otros rubros que antes podían integrarse por vía administrativa o jurisprudencial.
El sistema de actualización de los créditos laborales en caso de demora o litigio también cambió. Ahora se utiliza la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumando un interés anual fijo del 3%. Esta fórmula busca dar mayor previsibilidad y estandarización a los montos finales de las liquidaciones.
En síntesis, la reforma laboral vigente establece:
- Creación del Fondo de Asistencia Laboral con cuentas individuales e inembargables.
- Administración a cargo de entidades privadas autorizadas por la CNV.
- Exclusión de trabajadores no registrados y de sectores con regímenes especiales.
- Contribuciones mensuales diferenciadas: 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs, con posibilidad de incrementos.
- Exención impositiva para los fondos acumulados.
- Utilización del fondo solo en casos de despido sin causa, acuerdos por mutuo consentimiento y fallecimiento.
- Antigüedad mínima de doce meses y seis aportes mensuales consecutivos para acceder a la cobertura.
- Nueva base de cálculo de indemnizaciones, limitada a la remuneración mensual normal y habitual.
- Actualización de créditos laborales por IPC más un 3% anual de interés.
- Responsabilidad residual del empleador en caso de fondos insuficientes.
- Cláusula para suspender aportes al cubrir la totalidad de contingencias.
La puesta en marcha de este sistema implica una transformación significativa en la gestión de las relaciones laborales y las obligaciones indemnizatorias del sector privado, con impacto directo sobre la previsibilidad financiera de las empresas y los derechos de los trabajadores.
