El presidente Javier Milei enviará al Congreso Nacional su proyecto de reforma electoral, un paquete que incluye la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la instauración de estrictos requisitos para los partidos, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y cambios en el financiamiento político.
El anuncio realizado por el Poder Ejecutivo busca modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.
Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que, hasta la publicación de este artículo, no se había girado la reforma al Congreso. También afirman que la cámara de origen seguramente sea el Senado. Esto tiene sentido porque el oficialismo se propone consensuar los votos con las provincias, quienes son las principales interesadas en avalar o no estos términos puestos por el Gobierno.
La propuesta de reforma electoral elimina el sistema de PASO y sustituye la afiliación partidaria en papel por un mecanismo de avales realizados de manera biométrica para evitar falsificaciones. Esto apunta a eliminar el margen para la creación o el crecimiento de los denominados “sellos de goma”, que son espacios políticos que tienen un bajísimo porcentaje de voto en los comicios y que son sostenidos por avales que distan de ser auténticos.
Una novedad que se incorpora al proyecto libertario es que buscarán modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, algo que, a priori, no estaba previsto en las últimas semanas.
La reforma eleva las exigencias que se piden para que un espacio político pueda constituirse como partido. Los espacios de distrito tendrán que demostrar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope sobre dos millones de electores. Para obtener la condición de partido nacional, se requerirá presencia en diez distritos, el doble de lo que exige la normativa vigente. Además, la personería se perderá si el partido no alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.
La Boleta Única de Papel incorpora la opción de votar una lista completa mediante un casillero específico. En casos de simultaneidad electoral, la misma boleta podrá incluir cargos provinciales y municipales, junto a los nacionales.
En el apartado ético, la llamada “Ficha Limpia” establece que quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia quedarán inhabilitados para competir por cargos electivos. Esta restricción también se extiende al Poder Ejecutivo, alcanzando a ministros, secretarios, directores de empresas estatales y funcionarios jerárquicos. El objetivo, de acuerdo al mensaje reproducido por el Presidente ayer en redes sociales, es “terminar con la impunidad” y excluir a los condenados de la función pública.
El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos.
La reforma eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña para las agrupaciones. Se prohíben las donaciones de personas procesadas por delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otros delitos graves. Las agrupaciones que incurran en infracciones graves o no justifiquen el origen de los fondos podrán perder el financiamiento público entre uno y cuatro años. El aporte estatal se concentrará en un único pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.
Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.
En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.
El trasfondo político de la reforma
El anuncio de Javier Milei representa un giro en la estrategia del oficialismo, que ahora busca instalar la discusión pública sobre la reforma política. Según fuentes de Casa Rosada , la presentación anticipada del proyecto responde a la intención de acelerar el debate y condicionar el calendario electoral del próximo año.
El oficialismo evalúa que la suspensión de las PASO en 2025 tuvo buena recepción social y que la eliminación definitiva de ese sistema puede acarrear costos políticos a los sectores opositores que resistan el cambio.
Las negociaciones para aprobar la reforma no están cerradas. En el gobierno admiten que no han iniciado un diálogo profundo con las provincias y que el avance dependerá de acuerdos futuros. Existen provincias que colaboran abiertamente con el oficialismo y otras que mantienen una postura expectante, especialmente en torno a la eliminación de las primarias. “No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, explicó a Infobae un referente de un distrito patagónico.
La mesa política del oficialismo, integrada por figuras como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el ministro del Interior Diego Santilli y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, será la encargada de articular la búsqueda de consensos. La expectativa está puesta en la reunión del próximo viernes en Casa Rosada, donde se definirá la estrategia para impulsar los proyectos en ambas cámaras del Congreso y se negociarán los contenidos finales del paquete de reformas.
Algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), ya han mantenido contactos con el Ejecutivo para explorar acuerdos. Cornejo, por ejemplo, se opone a suspender las PASO en su provincia, mientras que Frigerio se muestra dispuesto a negociar. En el horizonte inmediato, el gobierno planea sumar a la conversación a mandatarios como Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).
La reforma política impulsada por Milei se presenta como una pieza central de la agenda legislativa del oficialismo. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, salió a tuitear el ministro del Interior, Diego Santilli.
La eliminación de las PASO, los nuevos requisitos para partidos y el endurecimiento de los controles sobre candidaturas y financiamiento están en el foco del debate. El Ejecutivo apuesta a que la iniciativa pueda servir como base para reanudar el diálogo con los gobernadores y negociar apoyos que resulten esenciales para su aprobación.
Las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política se pospondrán hasta después del Mundial de Fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El oficialismo estima que durante ese periodo la actividad política se ralentizará y que los distintos espacios también esperarán para formalizar sus estrategias.
Los tiempos legislativos pueden extenderse, pero la prioridad es instalar el debate y buscar los votos necesarios para aprobar los cambios. La expectativa oficialista gira en torno a la posibilidad de ofrecer a los gobernadores incentivos, como la reelección, para facilitar los acuerdos y allanar el camino hacia una reforma que modificaría de manera estructural el sistema político argentino.
