El Gobierno nacional prepara un nuevo paquete de desregulaciones que incluye cambios de fondo en el régimen de corretaje inmobiliario y ya despertó el debate entre los principales referentes del sector.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar la exigencia del título universitario y de la matriculación obligatoria para ejercer como martillero y corredor público, además de liberar completamente la negociación de las comisiones.
Desde el mercado inmobiliario advirtieron que la iniciativa pone en riesgo los mecanismos de control y protección para quienes compran, venden o alquilan una propiedad, aunque también reconocieron que el debate sobre una mayor competencia merece ser discutido.
“La desregulación parte de un principio básico: la libertad y la responsabilidad individual de las partes que intervienen en una transacción inmobiliaria“, sostuvo José Rozados, fundador y director de Reporte Inmobiliario, en un análisis compartido a BAE Negocios.
Sin embargo, aclaró que el verdadero alcance del proyecto no pasa por desregular las operaciones inmobiliarias, sino el acceso a la actividad de intermediación.
Desde la vereda opuesta, la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Marta Liotto, cuestionó la iniciativa y afirmó que eliminar la formación universitaria y la matrícula obligatoria “tendría un impacto muy negativo para la sociedad”, porque permitiría ejercer una actividad de gran relevancia patrimonial a personas que podrían no contar con los conocimientos jurídicos, técnicos y éticos necesarios.
Qué propone el proyecto
El borrador que comenzó a circular forma parte de un proyecto de 144 páginas que aún no ingresó al Congreso y reúne modificaciones sobre distintos sectores de la economía.
En el capítulo dedicado al mercado inmobiliario, elimina la obligación de poseer el título universitario de Martillero y Corredor Público. En caso de aprobarse, los únicos requisitos para ejercer serían ser mayor de edad y haber finalizado los estudios secundarios.
Además, el texto elimina la posibilidad de fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos para la actividad. Las comisiones quedarían libradas al acuerdo entre las partes y también se prevé la creación de plataformas digitales para validar y legalizar operaciones de corretaje.
Dos miradas enfrentadas sobre la desregulación
Rozados consideró que el eje del debate no debería centrarse en eliminar las carreras universitarias o los colegios profesionales, sino en que esas instancias dejen de ser un requisito excluyente para trabajar.
“Si un propietario puede vender directamente su inmueble sin intermediarios, también debería poder elegir libremente a quién encomendarle esa tarea cuando decide delegarla”, señaló.
En ese sentido, explicó que la compraventa inmobiliaria mantiene múltiples instancias de control jurídico, principalmente la actuación del escribano, por lo que “no se trata de desregular la operación inmobiliaria, sino principalmente el acceso a la actividad de intermediación”. También recordó que las operaciones continúan alcanzadas por el Código Civil y Comercial, las normas registrales, tributarias, antilavado y de protección al consumidor.
Para Rozados, en un mercado abierto serán la experiencia, la reputación, la calidad del servicio y los resultados los factores que diferencien a cada intermediario, mientras que los honorarios tenderán a determinarse mediante la competencia.
El rechazo de los colegios profesionales
La posición de CUCICBA es diametralmente opuesta. Liotto sostuvo que el título universitario, la matrícula profesional y el control que ejercen los colegios constituyen “un verdadero sistema de garantías para la comunidad”.
Según explicó, esos organismos no solo verifican la idoneidad profesional, sino que también fiscalizan la actividad, aplican sanciones disciplinarias y ofrecen un ámbito donde los consumidores pueden resolver conflictos sin necesidad de acudir a la Justicia.
“Un altísimo porcentaje de los reclamos encuentra solución gracias a la intervención de la Comisión de Fiscalización o del Tribunal de Ética del Colegio Inmobiliario. Esa tarea evita la judicialización de numerosos conflictos y protege a los consumidores”, afirmó.
La dirigente también rechazó uno de los argumentos centrales del proyecto al sostener que las comisiones ya se negocian libremente entre las partes y que los colegios profesionales “no fijan aranceles ni establecen honorarios obligatorios”.
“La verdadera discusión no pasa por los honorarios, sino por garantizar que quienes intervienen en una operación inmobiliaria sean profesionales habilitados, responsables y sometidos a controles legales y éticos”, agregó.
Plataformas digitales y próximos pasos
El proyecto también contempla la creación de plataformas digitales para validar operaciones inmobiliarias.
Sobre ese punto, Rozados consideró que la incorporación de nuevas herramientas puede facilitar las transacciones y aumentar la competencia.
Liotto, en cambio, sostuvo que la tecnología “es una herramienta valiosa” pero advirtió que “ninguna plataforma puede reemplazar la responsabilidad profesional, el criterio técnico, la experiencia y la responsabilidad patrimonial que asume un corredor inmobiliario matriculado”.
Por ahora, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso. Desde CUCICBA aseguraron que mantuvieron reuniones con Sturzenegger y con legisladores para expresar su preocupación y adelantaron que buscarán participar del debate parlamentario para defender la continuidad del sistema de matriculación y de los mecanismos de control profesional.
