![\"Conferencia](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZCMMKPZHPVGD3PO7QKPIBAUZYU.jpg?auth=a2f88f7eb5bb6dd8c7d6ea6405ff0d6f0a2730b8e5d7b007c75ead8f02bbc8e0&smart=true&width=992&height=661&quality=85\")
<\/picture>Abogados de CFK. El espa\u00f1ol Rafel Borrego, el argentino Carlos Berladi y el brasile\u00f1o Rafael Valim<\/div>\nEl Comit\u00e9 de Derechos Humanos analizar\u00e1 el planteo de la defensa en Ginebra<\/h2>\n
El primer frente de la estrategia est\u00e1 en Ginebra<\/b>. El lunes 19 de octubre comenzar\u00e1 el 146\u00b0 per\u00edodo de sesiones del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas<\/b>, que se extender\u00e1 hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.<\/p>\n
Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un \u00f3rgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogados Rafael Valim<\/b>, de Brasil, y Javier Borrego<\/b>, de Espa\u00f1a, presentaron en julio una comunicaci\u00f3n individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan con Carlos Alberto Beraldi<\/b>, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n cuestion\u00f3 aspectos del juicio de Vialidad y solicit\u00f3 medidas provisionales para proteger los derechos pol\u00edticos de Cristina Kirchner, adem\u00e1s de revisar determinadas condiciones de su prisi\u00f3n domiciliaria. Durante las \u00faltimas semanas, la defensa incorpor\u00f3 una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidente Javier Milei<\/b>.<\/p>\n
Uno de los elementos centrales de esa ampliaci\u00f3n fue un informe econ\u00f3mico-financiero elaborado con documentaci\u00f3n oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examin\u00f3 el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.<\/p>\n
El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasile\u00f1a Specs<\/b> y analiz\u00f3 desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Seg\u00fan sus conclusiones, los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago<\/b>.<\/p>\n
Dentro de ese universo, las compa\u00f1\u00edas vinculadas al Grupo Austral, de L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/b>, habr\u00edan percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identific\u00f3 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a trav\u00e9s de esa fuente de financiamiento.<\/p>\n La defensa incorpor\u00f3 esos resultados para discutir la interpretaci\u00f3n judicial sobre el direccionamiento de recursos p\u00fablicos hacia las firmas de B\u00e1ez. El an\u00e1lisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria espec\u00edfica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jur\u00eddico pretende utilizar para pedir una revisi\u00f3n de la condena.<\/p>\n El per\u00edodo de sesiones del Comit\u00e9 introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prev\u00e9 la intervenci\u00f3n de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberaci\u00f3n de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.<\/p>\n Una medida provisional puede disponerse antes de que el Comit\u00e9 resuelva sobre la admisibilidad o el fondo de la denuncia.<\/b> Para concederla, debe acreditarse la necesidad de evitar da\u00f1os irreparables sobre los derechos invocados. Su eventual otorgamiento tampoco supone que el organismo considere fundada la presentaci\u00f3n principal.<\/p>\n El calendario electoral vuelve decisiva la cuesti\u00f3n de los plazos. Una decisi\u00f3n sobre los derechos pol\u00edticos de Cristina Kirchner despu\u00e9s de las presidenciales de 2027 tendr\u00eda consecuencias distintas de una resoluci\u00f3n anterior a la oficializaci\u00f3n de candidaturas. La defensa trabaja con el per\u00edodo de sesiones de octubre como una instancia relevante y contempla esperar, al menos, hasta noviembre antes de analizar nuevos pasos procesales.<\/p>\n El pedido principal apunta a la inhabilitaci\u00f3n especial perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos. Una medida favorable podr\u00eda requerir al Estado argentino que suspenda sus efectos mientras se analiza el fondo del caso. La presentaci\u00f3n tambi\u00e9n aborda aspectos de la prisi\u00f3n domiciliaria, aunque la restricci\u00f3n electoral concentra la mayor relevancia pol\u00edtica.<\/p>\n Un antecedente clave para la defensa es el de Luiz In\u00e1cio Lula da Silva<\/b>. En 2018, cuando el dirigente brasile\u00f1o estaba preso y buscaba competir en las elecciones presidenciales, el Comit\u00e9 pidi\u00f3 medidas para preservar sus derechos pol\u00edticos. Brasil no acat\u00f3 ese requerimiento y Lula qued\u00f3 fuera de la contienda. En marzo de 2022, el organismo emiti\u00f3 un dictamen sobre las vulneraciones de derechos examinadas en ese caso. La comparaci\u00f3n muestra la posibilidad de una intervenci\u00f3n internacional, pero tambi\u00e9n los l\u00edmites pr\u00e1cticos de sus decisiones frente a las autoridades de un Estado.<\/p>\n Seg\u00fan pudo saber Infobae<\/b><\/i>, en la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n<\/b> consideran que una eventual resoluci\u00f3n del Comit\u00e9 carece de aptitud jur\u00eddica para alterar la condena firme contra Cristina Kirchner. La postura predominante es que los pronunciamientos del organismo pueden expresar una posici\u00f3n sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no reemplazar decisiones definitivas de los tribunales argentinos.<\/p>\n En el m\u00e1ximo tribunal sostienen que el ordenamiento jur\u00eddico nacional no contempla un mecanismo que permita revertir una sentencia firme por una determinaci\u00f3n de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, una intervenci\u00f3n de Naciones Unidas mantendr\u00eda sin cambios tanto la pena de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n como la inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos.<\/p>\n La discusi\u00f3n de fondo enfrenta interpretaciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarqu\u00eda constitucional en la Argentina, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 75, inciso 22, de la Constituci\u00f3n. La defensa apoya en ese reconocimiento su planteo ante el Comit\u00e9, mientras que en la Corte ponen el foco en los instrumentos disponibles para cumplir una eventual decisi\u00f3n dentro del sistema judicial local.<\/p>\n Las medidas provisionales se dirigen al Estado argentino. Una comunicaci\u00f3n de ese tipo se canalizar\u00eda por la representaci\u00f3n estatal correspondiente y podr\u00eda derivar en actuaciones de los poderes p\u00fablicos. Pero la modificaci\u00f3n de una sentencia penal exigir\u00eda una decisi\u00f3n de las autoridades judiciales competentes; el pronunciamiento internacional no puede modificar por s\u00ed solo los registros judiciales argentinos.<\/b><\/p>\n En el Palacio de Tribunales tambi\u00e9n consideran que la defensa de Cristina Kirchner no cuestion\u00f3 de modo espec\u00edfico la sanci\u00f3n accesoria de inhabilitaci\u00f3n perpetua al recurrir al m\u00e1ximo tribunal contra la condena. Ese punto abre otra discusi\u00f3n sobre el agotamiento de los recursos internos, una de las condiciones habituales para que el Comit\u00e9 admita una comunicaci\u00f3n individual.<\/p>\n La defensa mantiene una lectura diferente sobre el alcance de la revisi\u00f3n que puede realizar el organismo, en especial cuando est\u00e1n involucrados derechos pol\u00edticos y restricciones fijadas por la legislaci\u00f3n nacional. Si la sanci\u00f3n que ahora se busca suspender no fue discutida en forma puntual ante las instancias judiciales argentinas, la posibilidad de trasladar el reclamo al plano internacional ser\u00e1 otro punto de debate.<\/p>\n En esa discusi\u00f3n aparece el art\u00edculo 36 de la Constituci\u00f3n Nacional<\/b>, incorporado en la reforma de 1994. La norma establece que quien incurra en un delito doloso grave contra el Estado que implique enriquecimiento quedar\u00e1 inhabilitado para ocupar cargos o empleos p\u00fablicos por el per\u00edodo que determinen las leyes. La Constituci\u00f3n contempla la sanci\u00f3n, pero deja su duraci\u00f3n en manos de la legislaci\u00f3n del Congreso.<\/p>\n En el caso de Cristina Kirchner, la inhabilitaci\u00f3n especial perpetua se impuso bajo las normas del C\u00f3digo Penal para la administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica. En la Corte se\u00f1alan que esa penalidad fue establecida por el Congreso y que cualquier modificaci\u00f3n corresponde al Poder Legislativo. Durante los 16 a\u00f1os de gobiernos kirchneristas, entre las presidencias de N\u00e9stor Kirchner<\/b>, Cristina Kirchner y Alberto Fern\u00e1ndez, nunca se puso en discusi\u00f3n una reforma sobre esa sanci\u00f3n.<\/p>\n El C\u00f3digo Penal prev\u00e9, adem\u00e1s, un r\u00e9gimen de rehabilitaci\u00f3n para determinadas inhabilitaciones perpetuas en su art\u00edculo 20 ter, sujeto a condiciones y plazos. Esa alternativa es distinta de la suspensi\u00f3n cautelar solicitada ante Naciones Unidas y no habilita de manera autom\u00e1tica la recuperaci\u00f3n de la capacidad para ejercer cargos p\u00fablicos antes de los comicios de 2027.<\/p>\n La posici\u00f3n de la Corte agrega un obst\u00e1culo a los planes electorales del kirchnerismo. Incluso si Naciones Unidas resolviera a favor de la expresidenta, quedar\u00eda pendiente la cuesti\u00f3n de su aplicaci\u00f3n por parte de la Justicia argentina, dentro de un calendario electoral con plazos y procedimientos propios.<\/p>\n Mientras avanza la discusi\u00f3n judicial, el tercer frente se despliega dentro del peronismo. All\u00ed se estudia una estrategia que depende de dos variables a\u00fan abiertas: la resoluci\u00f3n del Comit\u00e9 de Naciones Unidas y la posibilidad de que el Gobierno consiga eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simult\u00e1neas y Obligatorias (PASO). Ambas definiciones incidir\u00e1n en el calendario y en la organizaci\u00f3n de las candidaturas presidenciales.<\/p>\n La intenci\u00f3n de impulsar a Cristina Kirchner como candidata tuvo una expresi\u00f3n p\u00fablica el 28 de septiembre. M\u00e1ximo Kirchner, diputado nacional y l\u00edder de La C\u00e1mpora<\/b>, afirm\u00f3 en una entrevista con Infobae<\/i> que su madre ten\u00eda voluntad de competir por la Presidencia. \u201cSin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad<\/b>\u201d, dijo, y vincul\u00f3 de manera expl\u00edcita la presentaci\u00f3n ante Naciones Unidas con esa aspiraci\u00f3n electoral.<\/p>\n Detr\u00e1s de esa definici\u00f3n existe un dise\u00f1o m\u00e1s complejo. La hip\u00f3tesis, seg\u00fan pudo saber Infobae<\/b>, considera inscribir una f\u00f3rmula presidencial con Cristina Kirchner y un dirigente que pueda representar territorial o pol\u00edticamente a otros sectores peronistas. En las conversaciones aparecen tres nombres: Sergio U\u00f1ac<\/b>, exgobernador de San Juan; Gerardo Zamora<\/b>, senador nacional y ex mandatario de Santiago del Estero; y Sergio Massa<\/b>, \u00faltimo candidato presidencial del peronismo.<\/p>\n U\u00f1ac aporta su trayectoria al frente de una provincia cuyana y sus v\u00ednculos con el peronismo tradicional. Zamora suma su experiencia de gobierno en Santiago del Estero y su relaci\u00f3n con las estructuras provinciales. Massa representa otro perfil: perdi\u00f3 el balotaje de 2023 frente a Javier Milei y, durante esa campa\u00f1a, anticip\u00f3 que el programa econ\u00f3mico libertario pod\u00eda derivar en recesi\u00f3n y en un deterioro de las condiciones de vida.<\/p>\n La incorporaci\u00f3n de Massa tambi\u00e9n devolver\u00eda a la discusi\u00f3n al dirigente que encabez\u00f3 la \u00faltima f\u00f3rmula presidencial competitiva del peronismo. Cualquiera de las tres opciones buscar\u00eda reunir detr\u00e1s de Cristina Kirchner a sectores con posiciones diferentes sobre el liderazgo y el futuro del justicialismo.<\/p>\n El procedimiento bajo an\u00e1lisis contempla un paso adicional: formalizar la candidatura de la expresidenta aun si se prev\u00e9 que la inhabilitaci\u00f3n impedir\u00e1 su oficializaci\u00f3n y buscar que el vicepresidente ocupe luego el primer lugar de la f\u00f3rmula. La alternativa es una hip\u00f3tesis pol\u00edtica y enfrenta una dificultad jur\u00eddica sustancial.<\/b><\/p>\n En las conversaciones se mencionaron los distritos electorales de Buenos Aires y Santa Cruz como posibles escenarios para impulsar la inscripci\u00f3n. Sin embargo, la legislaci\u00f3n establece que las f\u00f3rmulas de presidente y vicepresidente deben presentarse ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. El art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Electoral Nacional prev\u00e9 el reemplazo del candidato presidencial por su compa\u00f1ero de f\u00f3rmula en determinados casos, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.<\/p>\n La falta de habilitaci\u00f3n legal desde el momento de la inscripci\u00f3n plantea una situaci\u00f3n diferente, que deber\u00eda resolver la Justicia Electoral. Una candidatura rechazada por incumplir requisitos legales no activa necesariamente el mismo mecanismo que una f\u00f3rmula ya oficializada cuyo candidato presidencial queda impedido de continuar. El plan podr\u00eda, por lo tanto, abrir otra controversia judicial.<\/p>\n A la incertidumbre se suma el debate por las PASO. Su eliminaci\u00f3n o suspensi\u00f3n modificar\u00eda los mecanismos de selecci\u00f3n de candidaturas y podr\u00eda alterar la relaci\u00f3n entre los sectores peronistas. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con esa reforma, en una negociaci\u00f3n que se cruza con la discusi\u00f3n presupuestaria y la agenda legislativa acordada con los gobernadores.<\/p>\n La diferencia entre una competencia en primarias y una definici\u00f3n por acuerdos partidarios tiene efectos sobre la interna. Para el kirchnerismo, la presencia de Cristina Kirchner en una f\u00f3rmula conserva valor pol\u00edtico m\u00e1s all\u00e1 de su eventual oficializaci\u00f3n. Para otros sectores del justicialismo, el m\u00e9todo de selecci\u00f3n presidencial forma parte de la disputa por la conducci\u00f3n opositora y por la construcci\u00f3n de una alternativa frente a Milei.<\/p>\n En ese cuadro, Axel Kicillof<\/b> queda fuera de las combinaciones que se mencionan para acompa\u00f1ar a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense mantiene diferencias pol\u00edticas con La C\u00e1mpora y con la conducci\u00f3n de la expresidenta, y conserva su propio proyecto nacional para 2027.<\/p>\n Su estrategia actual se sintetiza en una frase que circula entre sus dirigentes: \u201cEste a\u00f1o es un a\u00f1o de acumulaci\u00f3n pol\u00edtica<\/b>\u201d. El planteo apunta a reforzar su posici\u00f3n territorial, ampliar los v\u00ednculos con otros referentes y postergar una decisi\u00f3n electoral que podr\u00eda agrandar las diferencias internas del peronismo.<\/p>\n La coexistencia de ambos proyectos excede las discusiones jur\u00eddicas. Mientras el kirchnerismo preserva la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, Kicillof trabaja sobre un horizonte presidencial propio. Comparten espacio pol\u00edtico y representaci\u00f3n electoral, aunque deber\u00e1n resolver c\u00f3mo ordenar la oferta cuando se acerque la definici\u00f3n de 2027.<\/p>\n El futuro de la eventual candidatura depende de decisiones que se tomar\u00e1n en \u00e1mbitos con reglas y tiempos distintos. El Comit\u00e9 de Derechos Humanos puede evaluar medidas provisionales, pero su intervenci\u00f3n no sustituye a los tribunales argentinos. La Corte Suprema sostiene una interpretaci\u00f3n restrictiva sobre los efectos de ese procedimiento internacional y el peronismo discute alternativas que depender\u00e1n de la legislaci\u00f3n vigente y de sus acuerdos internos.<\/p>\n La candidatura presidencial de Cristina Kirchner contin\u00faa siendo jur\u00eddicamente improbable, pero conserva relevancia pol\u00edtica. Su eventual inscripci\u00f3n, incluso si fuera rechazada, podr\u00eda abrir una nueva controversia y obligar al peronismo a resolver una f\u00f3rmula alternativa. La disputa por sus derechos pol\u00edticos, mientras tanto, seguir\u00e1 su recorrido en los procedimientos internacionales y nacionales.<\/p>\n El interrogante hacia 2027 incluye qui\u00e9n encabezar\u00e1 la propuesta presidencial peronista si la condena mantiene todos sus efectos, qu\u00e9 papel tendr\u00e1n los dirigentes que hoy aparecen como posibles compa\u00f1eros de f\u00f3rmula y c\u00f3mo se procesar\u00e1 la competencia con el proyecto pol\u00edtico de Kicillof. Los caminos de Ginebra, el Palacio de Tribunales y el peronismo todav\u00eda pueden conducir a resultados diferentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, una inhabilitaci\u00f3n perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos y su nombre fue excluido del padr\u00f3n electoral. Aun as\u00ed, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplom\u00e1tica, pol\u00edtica y judicial que mantiene abierta la hip\u00f3tesis de una candidatura presidencial en 2027. 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<\/picture>Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner y Axel Kicillof permanecen de pie en un auditorio durante un acto pol\u00edtico en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/div>\n