La medida de fuerza convocado para este lunes 3 de agosto marcará un hecho inédito desde la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Será la primera huelga de alcance nacional que se realizará bajo el régimen que establece a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar una prestación mínima del 75% durante el paro.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano confirmó que desplegará un operativo de supervisión en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley N.º27.802. La tarea estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que realizará inspecciones muestrales y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, se activarán los mecanismos previstos para aplicar las sanciones previstas.
La decisión fue ratificada durante una reunión ampliada del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, encabezada por la Secretaría de Educación de la Nación junto a los ministros y representantes de las carteras educativas provinciales. Allí se coordinó la articulación entre Nación y las jurisdicciones para garantizar la continuidad del dictado de clases durante la jornada de protesta.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que el objetivo es asegurar el derecho a la educación y brindar previsibilidad a las familias. Asimismo, recordaron que, si bien la gestión de las escuelas corresponde a las provincias, la Nación tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente cuando se trata de una medida de fuerza de alcance nacional.
La Ley N.º27.802, sancionada este año en el marco de la reforma laboral, incorporó a la educación entre los servicios esenciales y fijó la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante los conflictos gremiales. La normativa establece que, en caso de huelga, debe asegurarse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio, una disposición que fue cuestionada por las organizaciones sindicales por considerar que restringe el derecho constitucional de huelga.
Desde Capital Humano informaron además que los inspectores relevarán el funcionamiento de establecimientos educativos en distintas provincias para verificar el porcentaje de prestación del servicio. El operativo será de carácter muestral y los informes obtenidos servirán para determinar si corresponde iniciar actuaciones administrativas por eventuales incumplimientos de la legislación vigente.
En la vereda opuesta, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) ratificaron la convocatoria al paro y rechazaron cualquier interpretación que limite el ejercicio del derecho de huelga.
Las organizaciones sindicales afirmaron que “no existe medida judicial ni resolución alguna que impida o suspenda el ejercicio del derecho constitucional de huelga” y sostuvieron que la protesta se realizará en todo el país en reclamo de mejoras salariales, mayor financiamiento para la educación pública, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), reapertura de la paritaria nacional y mejores condiciones laborales.
En Corrientes, SUTECO reiteró además sus reclamos por un aumento del salario básico, el blanqueo de sumas no remunerativas, la estabilidad laboral, inversiones en infraestructura escolar y el funcionamiento integral del IOSCOR.
A la medida también adhirió la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP). Su secretario general, José Gea, confirmó el acompañamiento al paro nacional y reclamó la reapertura de la paritaria nacional docente, mayor presupuesto para el sistema educativo, el fortalecimiento de las escuelas técnicas y garantías para la estabilidad laboral del sector.
Aunque la aplicación de la nueva ley será observada por primera vez durante una huelga nacional, el alcance de las restricciones y las eventuales sanciones podrían derivar en nuevas controversias judiciales y sindicales. El resultado de la jornada será seguido de cerca tanto por el Gobierno como por las organizaciones gremiales, ya que sentará un precedente para futuras medidas de fuerza en el sistema educativo argentino.
