La segunda mitad del año encuentra al Congreso atravesado por una reconfiguración que excede las habituales disputas internas de los bloques. La influencia de los gobernadores comenzó a convertirse en un factor decisivo para ordenar bancadas, definir alianzas y, sobre todo, anticipar cómo se resolverán las votaciones clave para el Gobierno de Javier Milei.
En Diputados, donde La Libertad Avanza y Unión por la Patria continúan siendo los polos principales, los espacios que pretenden ocupar el centro de la escena federal atraviesan movimientos, tensiones y desprendimientos. El dato político es que esas modificaciones tienen una explicación territorial: detrás de muchos diputados aparecen las estrategias de sus gobernadores, que buscan preservar autonomía, conseguir respuestas para sus provincias y, al mismo tiempo, posicionarse frente al escenario de 2027.
El caso de Innovación Federal es una muestra. El espacio se encamina a una nueva conformación, con cuatro diputados de Misiones y tres de Salta, y con Oscar Herrera Ahuad, exgobernador misionero, al frente. El movimiento expresa la búsqueda de mayor capacidad de negociación de los mandatarios de esas provincias, que hasta ahora mantuvieron una relación permeable con la Casa Rosada, aunque marcaron diferencias en cuestiones puntuales, como ocurrió con la Ley de Tierras.
El otro movimiento relevante se observa en Provincias Unidas. Allí las diferencias territoriales empiezan a pesar sobre una construcción que, en teoría, buscaba representar una alternativa federal. Las divisiones entre santafesinos, cordobeses, patagónicos, radicales y socialistas muestran que los intereses de cada provincia no necesariamente coinciden. La discusión por zona fría fue una señal y se anticipan nuevas tensiones en asuntos como las deudas de los individuos y la eliminación de las PASO.
La frase de un diputado radical resume uno de los límites que atraviesan esa convivencia: “El que vota para eliminar las PASO quiere la reelección de Javier Milei, y ese es el límite”. La discusión revela hasta qué punto las posiciones nacionales empiezan a mezclarse.
No es una novedad absoluta, pero sí adquiere una dimensión diferente. La propia experiencia de la Coalición Cívica dentro del interbloque mostró las dificultades de sostener una visión común cuando las instrucciones territoriales pesan sobre los legisladores. Como describió entonces la diputada Mónica Frade, la “línea” de los gobernadores puede “obturar” una mirada nacional sobre temas críticos.
En este escenario, la Casa Rosada enfrenta un segundo semestre legislativo en el que necesitará construir acuerdos. El Presupuesto, la reforma electoral, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Zonas Frías forman parte de una agenda que difícilmente pueda avanzar únicamente con la fuerza propia del oficialismo.
La respuesta del Gobierno parece ser un giro hacia una relación más dialoguista con los gobernadores. Los mandatarios, por su parte, no necesariamente buscan un alineamiento político con Milei. El objetivo es más concreto: transformar su capacidad de negociación en respuestas para sus provincias.
Corrientes aparece dentro de esa lógica. El gobernador Juan Pablo Valdés participa de las conversaciones nacionales desde una posición que combina diálogo institucional y defensa de intereses provinciales. El reciente acuerdo alcanzado por las tarifas eléctricas para el Norte Grande es, en ese sentido, una fotografía de la nueva etapa.
Valdés llevó a la mesa con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros gobernadores un reclamo que definió como “sensible” y de “mucho interés” para los correntinos. Su planteo partió de una asimetría regional: “Nuestras industrias se sostienen solo con la electricidad y no tenemos alicientes para equilibrar la competencia”, sostuvo.
El entendimiento alcanzado contempla ampliar los bloques de consumo alcanzados por el esquema diferencial durante los meses de mayor demanda. Para las zonas cálidas, el bloque pasaría de 150 a 300 kWh, mientras que para las muy cálidas se elevaría de 300 a 550 kWh entre noviembre y abril. En Corrientes, el Gobernador estimó que más de 180.000 hogares podrían verse alcanzados por el nuevo esquema.
Pero el acuerdo también expone el mecanismo de la negociación política. La medida todavía requiere que el Senado apruebe la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya tiene media sanción de Diputados, y posteriormente una resolución nacional que instrumente los nuevos beneficios. “No es automático”, aclaró Valdés.
Ahí está el punto central. Corrientes necesita que el compromiso de Nación se transforme en una medida efectiva; Nación necesita, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con gobernadores cuyos legisladores serán decisivos en el Congreso. El acuerdo energético no implica un alineamiento automático, pero sí construye confianza y abre una instancia de negociación.
La posición de Valdés se inscribe en una estrategia que busca evitar dos extremos: el enfrentamiento permanente con la Casa Rosada y el acompañamiento sin condiciones. La fórmula es reclamar, negociar y sostener los canales institucionales.
