El Gobierno provincial prepara para el 5 de septiembre la firma de un segundo paquete de convenios de obra pública con municipios. El anuncio realizado por el gobernador Juan Pablo Valdés no aparece como una medida aislada, sino como la continuidad de un esquema que la gestión puso en marcha en abril y que tiene un doble sentido: responder a demandas concretas de los gobiernos locales y utilizar la inversión pública como mecanismo de movimiento económico en un escenario todavía atravesado por restricciones fiscales y menor dinamismo de la actividad.
“Ah, el 5 de septiembre vamos a estar, sí, sí. El 5 de septiembre se van a estar llevando adelante la firma de convenios con las diferentes municipalidades”, confirmó Valdés al ser consultado recientemente por la prensa local sobre la agenda prevista para esa fecha.
El mandatario explicó que se trata de un segundo paquete de obras que vienen trabajando con los diferentes intendentes. Y agregó: “Lo vinimos acumulando los convenios que se van a firmar en septiembre, así ya podrían estar arrancando en septiembre mismo y en octubre”.
La precisión sobre los plazos no es menor. La intención oficial es que los acuerdos no queden limitados a un anuncio político, sino que permitan poner en marcha obras en el corto plazo, con impacto directo sobre las economías locales. En ese sentido, Valdés definió el mecanismo como “otra herramienta de reactivación que estamos buscando desde el Gobierno”.
Segunda etapa
El nuevo paquete retoma una política presentada el 17 de abril, cuando el gobernador firmó convenios con diez municipios del interior por un total de $4.400 millones provenientes de recursos genuinos de la Provincia.
En aquella oportunidad, Valdés había planteado sin rodeos el diagnóstico económico: “Es algo sumamente importante porque la economía está estancada”. Y había definido el criterio político para distribuir las obras: “Es prioridad la obra pública que ustedes nos pidieron”.
La primera tanda alcanzó a Gobernador Virasoro, Santa Rosa, Bella Vista, Monte Caseros, Perugorría, Lomas de Vallejos, Colonia Liebig, Paso de los Libres, San Luis del Palmar y Saladas. El paquete combinó obras de infraestructura urbana, servicios, conectividad, espacios deportivos y soluciones habitacionales.
Tres municipios recibieron $500 millones cada uno para la construcción de polideportivos, mientras que el resto de las obras incluyó la pavimentación de la costanera de Monte Caseros, una colectora sobre la Ruta Provincial 27 en Bella Vista, ampliación de redes de agua e iluminación en Perugorría, cordón cuneta en Lomas de Vallejos, puesta en valor de la costanera de Paso de los Libres y módulos habitacionales en San Luis del Palmar.
La lógica que el Gobierno provincial pretende repetir es, por lo tanto, bastante definida: fondos provinciales, ejecución municipal y obras determinadas a partir de las prioridades planteadas por los intendentes.
Perfil municipalista
La decisión también refuerza uno de los rasgos que Juan Pablo Valdés buscó imprimirle a su administración desde el comienzo: una relación estrecha con los municipios, con los intendentes como actores centrales de la gestión territorial.
La fórmula tiene una dimensión política y otra administrativa. En términos políticos, supone fortalecer el vínculo con los jefes comunales y reconocer a los gobiernos locales como primera ventanilla de las demandas ciudadanas. En términos de gestión, implica canalizar recursos provinciales hacia proyectos definidos en cada localidad, con una ejecución que queda más cerca de las necesidades concretas de los vecinos.
En abril, el gobernador había sido explícito al respecto: “Queríamos hacer este acto junto a los intendentes porque entendemos que tenemos que apoyar el crecimiento de los municipios”. También había anticipado que aquella primera partida tendría continuidad.
Cuatro meses después, esa continuidad comienza a tomar forma con la convocatoria para septiembre.
El contexto económico explica buena parte de la decisión. Con una economía nacional que continúa imponiendo restricciones sobre las cuentas públicas y con provincias y municipios obligados a administrar recursos limitados, la inversión en infraestructura adquiere un valor que excede la obra puntual. La construcción moviliza empleo, proveedores, contratistas y consumo local, mientras que las obras terminadas mejoran servicios y condiciones urbanas.
En abril, el propio Valdés había vinculado directamente ambos factores: “En este contexto donde la economía se ve estancada y con estas obras públicas vamos a generar una reactivación”.
Recursos propios
El dato fiscal también resulta central. El primer paquete fue financiado con recursos genuinos de la Provincia, en una señal de autonomía frente a la incertidumbre de los fondos nacionales. El desafío para esta segunda etapa será sostener esa capacidad de inversión sin comprometer el equilibrio de las cuentas provinciales.
Allí aparece uno de los componentes políticos de la estrategia: mientras Nación busca sostener una política de fuerte disciplina fiscal y reducción del gasto, Corrientes intenta preservar determinados niveles de inversión pública considerados estratégicos para el desarrollo territorial.
No se trata, sin embargo, de una ruptura con la lógica de austeridad, sino de la búsqueda de un margen propio para definir prioridades. La obra pública municipal funciona, en ese esquema, como una herramienta selectiva: se financian proyectos considerados necesarios, se articula con los intendentes y se procura que el dinero tenga circulación dentro de las economías locales.
El anuncio del 5 de septiembre agrega así un nuevo capítulo a una política que comenzó en abril y que Valdés pretende convertir en una herramienta permanente de gestión. El gobernador lo sintetizó en una frase: “Esta es otra herramienta de reactivación que estamos buscando desde el Gobierno”.
La continuidad del programa mostrará ahora hasta dónde puede extenderse ese modelo en un escenario fiscal exigente. Pero también consolida una definición política de la gestión de Valdés: sostener una presencia activa de la Provincia en los municipios, transformar las demandas de los intendentes en obras y utilizar la inversión pública como uno de los instrumentos disponibles para amortiguar los efectos de una economía todavía condicionada.
