El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.
Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.
La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.
El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.
Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.
Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.
Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.
En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.
De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.
El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.
En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.
Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.
