La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el trámite de decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, por la que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cumple una condena de seis años de prisión. La decisión permite que continúe el proceso para recuperar cerca de $685.000 millones, aunque la Corte Suprema todavía debe resolver recursos vinculados con el decomiso.
El fallo fue unánime y lleva las firmas de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV. Los jueces también rechazaron un recurso de Hotesur y Los Sauces, las empresas de la familia Kirchner. Así, una disputa que comenzó con las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez se extiende ahora a los bienes de los hijos de la expresidenta, que no fueron condenados en aquel juicio.
Por qué la Justicia avanza sobre los bienes de los Kirchner
El decomiso es una consecuencia patrimonial de la condena firme dictada en la causa Vialidad, que investigó las irregularidades en 51 licitaciones de obras viales adjudicadas a empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. El monto que la Justicia busca recuperar fue actualizado a $684.990.350.139,86, una suma por la que deben responder los condenados alcanzados por la ejecución patrimonial.
Para comprender por qué el proceso alcanza a Máximo y Florencia Kirchner hay que retroceder a 2016, cuando Cristina Kirchner les cedió gratuitamente sus bienes. La Justicia consideró que esa transferencia no impide avanzar sobre propiedades vinculadas con el patrimonio de la expresidenta durante el período investigado. La primera etapa del decomiso comprende 111 bienes muebles e inmuebles, de los cuales 19 figuran a nombre de sus hijos.
Dos etapas de decomiso y una definición pendiente
Mientras la Corte Suprema analiza los recursos de las defensas contra esa primera etapa, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) impulsa una segunda instancia de recuperación patrimonial. El nuevo tramo amplía el universo de bienes bajo análisis e incluye propiedades de los hijos de Cristina Kirchner y activos de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también reclamaron el decomiso de más de USD 5,6 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, secuestrados en una caja de seguridad del Banco Galicia. A esa suma se agregan inmuebles y vehículos identificados por el Ministerio Público Fiscal.
Frente al avance del expediente, la defensa de los hermanos Kirchner, encabezada por Luis Joel Goldin, pidió suspender las actuaciones hasta que la Corte Suprema resolviera los planteos pendientes. Su argumento fue que continuar con las medidas patrimoniales antes de esa definición podía afectar el derecho de propiedad, el debido proceso y las garantías de personas que no fueron condenadas.
Las empresas familiares también cuestionaron las restricciones sobre su patrimonio. Su director, Sebastián Sánchez, objetó el mantenimiento de los embargos sobre 13 inmuebles y sostuvo que las medidas afectan su actividad comercial. Además, reclamó que las sociedades puedan ejercer su defensa antes de que se resuelva el destino de sus propiedades.
Qué resolvió Casación y qué falta para los remates
La Cámara no hizo lugar a esos planteos. Los jueces consideraron que la resolución cuestionada no era definitiva y que las defensas no habían demostrado un perjuicio concreto que resultara imposible de reparar más adelante. También señalaron que las cuestiones pendientes podrán discutirse cuando llegue el momento procesal correspondiente.
La distinción es importante: los embargos buscan preservar los bienes mientras avanza el expediente, pero no cambian su titularidad ni anticipan una decisión definitiva sobre el decomiso. En el caso de Hotesur y Los Sauces, los magistrados aclararon que las empresas tendrán oportunidad de presentar sus argumentos cuando se trate formalmente el pedido fiscal.
De esta manera, el fallo despeja un obstáculo para la continuidad del procedimiento, aunque todavía no habilita el remate inmediato de los bienes investigados. La Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes contra la primera etapa del decomiso, una definición que determinará cómo sigue esa parte de la ejecución patrimonial.
El camino tampoco termina allí. Falta completar la tasación de los inmuebles y establecer cuáles podrían incorporarse al patrimonio del Poder Judicial por su utilidad pública. Los restantes podrán destinarse a subasta, una vez cumplidos los pasos judiciales correspondientes.
Casación permitió que el trámite continúe, pero la Corte Suprema todavía debe resolver recursos que condicionan el avance hacia el remate de los bienes.
